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Gracias a la iniciativa de la Hacienda aragonesa hemos podido conocer cuánto cuesta una plaza escolar en un colegio estatal. Los datos son, según publica el Heraldo de Aragón los siguientes: En Primaria “4.576 euros por niño y año, mientras que en el caso de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) el precio por estudiante asciende a 6.508. Los alumnos que cursan bachillerato deberían desembolsar 9.354 euros y los de ciclo formativo, 7.939″.

Con estos importes, si le fuera reconocido a cada familia el poder de decisión sobre a qué centro deben ir destinados los mismos, los padres podrían elegir entre la inmensa mayoría de centros docentes de la Comunidad y se obtendrían ahorros considerables al mismo tiempo que se mejoraría la calidad de la educación.

Con estos importes la no implantación de un sistema de cheque escolar sólo se explica por prejuicios ideológicos.

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Este lunes día 7 de febrero el Partido Popular de Navarra recoge en su página web un avance de su programa electoral donde apuestan por el establecimiento del cheque escolar a través de un sistema de desgravación fiscal.

Concretamente, entre otras, concretan las siguientes medidas:

• Creación de la Ley de Autoridad del Profesor que reconozca la condición de autoridad pública para el profesorado de todos los centros educativos de Navarra.
• Implantar el  ‘Cheque Escolar’, entendido como fórmula de compensación fiscal.
• Libertad real de elección de centro, basada en un sistema de bonificación e incentivos sin establecer límite de aulas a los centros educativos
• Permitir nuevas fórmulas de cooperación público-privada en educación, con la posibilidad de que centros concertados gestionen instalaciones públicas.

Estas medidas llevan el debate educativo en la orientación adecuada, esto es, la de devolver a la sociedad la responsabilidad sobre la educación:

• en primer lugar a los padres, a quienes con el cheque escolar se les devuelve la libertad de elegir centro, esto es, se les devuelve el poder que nunca se les debió quitar;
• en segundo lugar a los centros, a quienes dándoles libertad de definir sus propios métodos pedagógicos y oferta educativa se les devuelve la libertad de ideario y de acción, y;
•  por último a los profesores, a quienes devolviéndoles la autoridad se les reconoce su valía y su buen hacer.

Eso sí, todo será papel mojado si se queda en meras intenciones. Además, si se pretende implantar el cheque a través de bonificaciones fiscales será necesario complementar dicho sistema con becas o subvenciones para los padres con rentas más bajas o medias.

Los incentivos fiscales, una buena medida inicial, tienen sus limitaciones por dos causas:

a) Sólo ayudan a aquellos que inicialmente pueden adelantar el dinero y esperar al año siguiente a recuperarlo a través de su declaración (rentas altas)

b) Se suelen establecer limitaciones de rentas para hacer uso de estas deducciones de tal forma que tampoco las altas (precisamente por tener rentas altas) pueden acogerse a ellas

Así sucedía en la Comunidad de Madrid hasta este año en el que el Gobierno de la Comunidad ha aumentado el límite de las rentas que pueden deducirse (entregará en vigor en 2011 para la declaración de 2010)

De no complementarse el sistema de deducciones fiscales son otro tipo de ayudas, el resultado sería que precisamente las rentas bajas y medias, que son las que actualmente no pueden elegir, seguirían sin poder hacerlo, pues les sería casi imposible adelantar un importe que les sería parcial (o totalmente, veremos) devuelto en su declaración del año siguiente.

Es momento de recordar la petición que hacíamos hace más de un año al Partido Popular de Navarra, y darnos cuenta de que un grupo de ciudadanos conscientes y activos pueden ayudar a cambiar el mundo.

Por último y como bien me recuerda mi buen amigo José Carlos Muñoz se echa en falta alguna medida tendente a evitar que los niños reciban algún tipo de adoctrinamiento que no sea querido por los padres

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Artur Mas, candidato de Convergencia i Unió a la Generalitat de Catalunya presentó el pasado jueves sus propuestas de acción social.

Entre ellas las de apostar porque los padres puedan elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos de 0 a 3 años. Y para garantizar tal básico derecho apostó por la única herramienta que lo posibilita: el cheque escolar.

Si Mas gobierna (y cumple lo que ha prometido) debe entregar a cada padre un cheque que podrá canjear en cualquier guardería, ya sea de la Generalidad o de iniciativa social, para financiar el coste de la educación de sus hijos.

Bien por Mas, siempre que de verdad los padres puedan elegir cualquier guardería que sea de su gusto, con independencia de que dicha guardería guste más o menos al propio Mas o a su Gobierno.

Pero es evidente que hay una pregunta que de forma natural uno debe plantearse: ¿por qué limitar este sistema, si de verdad es el que garantiza la libertad de elección de los padres, a la enseñanza no obligatoria de 0 a 3 años? Debe extenderse este sistema a todos los ámbitos y etapas de la enseñanza y especialmente a la educación obligatoria que según nuestro ordenamiento debe ser gratuita. Ahora solo es gratuita si Vd. elige o se conforma con la opción que el Estado a través de su Comunidad Autónoma le concede.

Y otra pregunta que hay que hacer es ¿Y Alicia Sánchez Camacho y el resto de candidatos qué opinan del cheque? ¿Apuestan por él?

Habrá que preguntarles

Por último recordar que estas ayudas que se limitan a costear el precio de las guarderías van en contra de la libertad plena de elección de los padres pues en el caso de que decida educar a sus hijos en casa en esta etapa en la que la presencia de los padres es tan fundamental, no reciben ningún tipo de ayuda a pesar de que pueden renunciar a un mayor sueldo y con ello ahorran costes a la sociedad (el de guardería) pero no reciben nada a cambio. Por ello estas medidas de pago de guarderías van más encaminadas a propiciar el trabajo obligatorio fuera de casa más que una plena libetad de elección de los padres.

En resumen parece evidente que una auténtica política familiar debe apostar por una prestación por hijo a cargo y una auténtica política educativa or el cheque escolar al menos en ka etapa obligatoria.

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Lo podemos ver resumido en este interesante artículo publicado en la Fundación Ecuador Libre que reproducimos a continuación.

Resumen

El sistema educativo en Chile se rige por varias normas, aquí se hará referencia a la Ley General de Educación y Ley de Subvenciones que son las que marcan el esquema general del sistema.

Análisis

I. Eligen los padres

La Constitución chilena dispone la obligación del Estado de financiar la educación hasta el nivel secundario. En este sentido es similar a lo que sucede en Ecuador (con la diferencia de que en Ecuador la gratuidad se extiende hasta la educación superior). Existe, sin embargo, una diferencia: en Chile la Constitución hace énfasis especial en el derecho y deber que tienen los padres de educar a sus hijos[1].

Para poder garantizar la gratuidad y universalidad de la educación, y a la vez no interferir en el derecho de los padres de elegir donde estudian sus hijos, el sistema chileno diferencia los dos roles que el Estado desempeña en la educación. Así, en Chile se distingue por un lado el papel que tiene el Estado como financista de la educación, y se lo separa del rol que tiene como orientador de la misma. En otras palabras, se reconoce que el hecho de que sea el Estado quien deba pagar la educación no quiere decir que deba ser él mismo el único que la preste de manera gratuita.

Siguiendo esta línea, el sistema chileno reconoce que son los propios alumnos, mediante sus padres o representantes, quienes deberían poder elegir dónde estudiar. Para hacer efectivo esto, se establece una subvención a la educación que se otorga por cada estudiante individual[2].

II. Subvenciones

El sistema de subvenciones consiste en que cada estudiante chileno es acreedor a un valor determinado por la Ley. Dicho valor es el equivalente al costo que tiene el brindar el servicio educativo para un estudiante en la educación pública, y aumenta anualmente en el mismo porcentaje en que aumenten los salarios del sector público. De esta manera, los padres son libres de escoger mandar a su hijo o representado a cualquier escuela municipal o a establecimientos privados que hayan solicitado acogerse al programa de subvenciones. Adicionalmente, pueden existir instituciones privadas que decidan no participar en este programa.

Este sistema fomenta la competencia entre establecimientos públicos y entre los públicos y privados, ya que su financiamiento no está asegurado sino que dependerá de su capacidad para captar estudiantes y retenerlos. Así, se fuerza a escuelas y colegios a brindar un mejor servicio y más enfocado a las necesidades de sus estudiantes. Adicionalmente, las escuelas públicas son administradas a nivel municipal lo cual pareciera asegurar que los currículos serán más apegados a las necesidades locales.

Aquellos establecimientos que participen en el programa tienen también la opción de cobrar, adicionalmente, tasas educativas hasta un máxima de 4 veces el valor de una subvención (USE). En estos casos, del valor total que reciban por subvenciones se disminuirá entre un 20% a 40% del total de valores que hayan recibido de los padres o representantes. Esto permite que haya mayor diversidad en los programas ofrecidos por escuelas y colegios, y a un costo bajo para los estudiantes. 

Por último, los valores a recibirse por subvenciones varían según algunos factores: la subvención a estudiantes considerados de escasos recursos es mayor a la normal, e igual sucede con los estudiantes en zonas rurales. Así también, los valores que se reciben por subvenciones dependen del promedio de asistencia de los estudiantes. Así, se  incentiva que la calidad del servicio sea tal que los alumnos acudan regularmente a recibirlo.

III. Requisitos y calidad

Debe señalarse que los establecimientos deben reunir requisitos mínimos que se determinan en la Ley para contar con reconocimiento oficial y poder, por tanto, acogerse al programa de subvenciones. Estos funcionan como un conjunto de objetivos generales que son luego recogidos en los contenidos curriculares elaborados por el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación. Sin embargo, el sistema propende a que estos objetivos sean lo suficientemente generales como para que cada establecimiento tenga suficiente autonomía para elegir su metodología y currículo propio[3].

El control de calidad se efectúa conforme a los objetivos generales mencionados. El no cumplir con estos requisitos, sin embargo, no da lugar a sanción de manera inmediata sino que dicha información simplemente es publicada. De esta manera, el establecimiento educativo ineficiente únicamente es “castigado” en la medida en que los padres retiren a sus hijos del centro y consecuentemente, sus recursos se vean disminuidos. Esto garantiza el derecho a la libertad de enseñanza, por un lado, y el de los chilenos de escoger dónde educar a sus hijos, por otro.

IV. Resultados

Aplicando esta normativa, Chile ha alcanzado niveles altos en rankings internacionales, posicionándose como el mejor país latinoamericano en educación en el ranking PISA 2006, elaborado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Asimismo, 82,5% de su población en edad escolar se encuentra dentro del sistema educativo[4].

Vale la pena señalar que, posiblemente debido a la competencia que el sistema genera y al fomento que da a la inciativa privada, los costos de la educación en Chile son tales que han permitido que se alcancen estos resultados con un gasto público de solo el 3,4% del PIB en educación.[5] En Ecuador en el 2009 se uso el 4% para lograr obtener los actuales niveles de educación, en los que el 49% de los estudiantes hayan obtenido calificación de “insuficiente” en Matemáticas en las pruebas SER 2008[6].

V. Ecuador 

En Ecuador el sistema educativo no ha logrado los resultados deseados.  Por tal motivo, al estudiar reformas para cambiar esta situación, valdría la pena considerar el caso chileno y otras propuestas similares que permitan que sean los propios usuarios del sistema quienes tengan el rol principal en decidir qué estudiar y cómo enseñarlo.

De la manera en que ha sido expuesta, la normativa chilena sobre educación pareciera ser una opción para Ecuador y podría responder a las necesidades específicas de la población. Esto por cuanto permitiría que los recursos públicos para educación se asignen de la manera que los propios ecuatorianos elijan, lo que obligaría a las escuelas y colegios públicos a trabajar de manera más acorde con las exigencias de las poblaciones que atienden[7].

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“Rectificar es de sabios” dice un refrán español. Y efectivamente lo es cuando los datos te demuestran que estabas equivocado.

Así les ha parecido a los demócratas de Florida que tras oponerse a los programas de financiación de la enseñanza que otorgaban el poder de decisión a los padres, en comncreto a los de raza negra desfavorecidos, han visto que dichos programas han dado resultados positivos y les han dado su confianza.

Mejor tarde que nunca.

Puede verse la información aquí

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